La Secretaría de Trabajo de la Provincia fue convocada por representantes gremiales para intervenir en diversos conflictos laborales que afectan a trabajadores rurales y de la industria alimentaria en Capital, Chilecito y otros puntos de La Rioja. La situación se agrava en un contexto de incertidumbre por el futuro de la obra social OSPRERA, actualmente intervenida por el gobierno nacional.

El delegado provincial de UATRE, Raúl Muga, confirmó que se solicitaron audiencias urgentes a la Secretaría de Trabajo de la Provincia ante el avance de situaciones críticas que involucran a distintas empresas del sector productivo. Entre las más preocupantes, se encuentra el despido de trabajadores de una aceitera que opera en Capital y en el departamento Arauco, y cuya patronal invocó motivos de fuerza mayor para abandonar un predio de 300 hectáreas.

"Entendemos que la producción ha sido mala este año, pero aun así no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley 24.013 para aplicar el artículo 247 que permite extinguir relaciones laborales por fuerza mayor", señaló Muga.

Otro caso grave involucra a Lauria Agropecuaria, en Chilecito, donde según denunció el gremio, más de 200 trabajadores fueron mal encuadrados en una categoría salarial inferior a la que les corresponde. Además, no se está abonando correctamente el presentismo, lo que viola las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

“Nos dijeron que están en diálogo con cámaras del sector y con dirigentes del gremio a nivel nacional, pero eso no es cierto. No hay tales conversaciones, y mientras tanto los trabajadores siguen cobrando menos de lo que les corresponde”, expresó Muga.

También se refirió al caso de Granja Riojana, actualmente en convocatoria de acreedores, donde hay más de 60 trabajadores incluidos como acreedores y otros tantos en espera de ser sumados. “La empresa no paga como corresponde las horas extras, no entrega ropa ni cumple con otras condiciones básicas. Todo esto repercute directamente en el salario y en el aguinaldo, afectando a familias que dependen de este ingreso”, explicó el delegado.

Ante estos conflictos, UATRE convocará nuevas asambleas gremiales y legales en las próximas semanas para definir acciones concretas.

Preocupación por el futuro de la obra social OSPRERA

Además de los conflictos laborales, Raúl Muga expresó su profunda preocupación por el avance del gobierno nacional sobre la obra social OSPRERA, que se encuentra intervenida. Denunció que se están vendiendo vehículos y cerrando más de 700 bocas de atención en el interior del país.

“La situación es crítica. Se pretende desmantelar una obra social que asiste no solo a trabajadores rurales, sino también a docentes, empleados de comercio e industria. Se están vendiendo ambulancias y autos, lo cual deja sin movilidad a los afiliados del interior que necesitan atención médica especializada”, alertó.

Muga también criticó el sistema de telemedicina impuesto como reemplazo del servicio presencial: “Los trabajadores del interior no tienen conectividad suficiente ni dispositivos múltiples para comunicarse. No se puede hacer una videollamada con un médico en Buenos Aires si no hay señal o acceso digital”, remarcó.

El gremialista anticipó que participará de reuniones en la sede central de UATRE en Buenos Aires, donde se abordarán estos temas junto a otros delegados provinciales. Se comprometió a brindar una nueva entrevista a Aire FM con los resultados de esos encuentros.