El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Jorge Antonio Quintero, confirmó en diálogo con Aire FM que el gobierno de La Rioja otorgará un nuevo aumento salarial para empleados públicos, que se aplicará sobre los haberes de agosto y se percibirá en los primeros días de septiembre.

El incremento incluye una suma fija de $80.000 y un 4,5% de aumento sobre el salario básico. Según detalló Quintero, en el caso de la categoría más baja de la administración central, el impacto total será de aproximadamente $90.000 adicionales, llevando el sueldo de $560.000 a $650.000. Para los agentes de salud, seguridad, justicia y educación, la suma fija será remunerativa, es decir, integrará el salario para el cálculo de aportes y jubilaciones.

Además, se otorgará una asignación de $40.000 a vinculados, becarios y beneficiarios de programas provinciales, como parte del esfuerzo por sostener ingresos ante el complejo escenario económico nacional.

El ministro explicó que este aumento fue posible gracias a un ajuste del gasto público, que incluyó decisiones como la cancelación de eventos (como la Feria del Libro) para priorizar recursos destinados al personal estatal. “Fue una ingeniería financiera importante. Este tipo de mejoras surgen de administrar con responsabilidad los fondos provinciales y nacionales”, sostuvo.

Respecto al origen de los fondos, Quintero aclaró que más del 90% de los ingresos de la provincia provienen de la coparticipación federal, mientras que la recaudación propia apenas representa entre el 8 y 9%, lo que limita las posibilidades de financiamiento autónomo.

El funcionario también destacó que el diálogo con los gremios se mantiene abierto y que no se descarta un nuevo ajuste antes de fin de año, dependiendo de cómo evolucione la economía nacional y la situación financiera de la provincia. “Siempre se está atento a las necesidades del trabajador”, remarcó.

Con este anuncio, el gobierno busca llevar alivio a las familias riojanas y demostrar que, a pesar de las restricciones, la prioridad sigue siendo el bienestar de los empleados públicos y sectores estratégicos del Estado.