En diálogo con Aire FM, la Dra. Ana Córdoba, directora de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en La Rioja, expresó su profunda preocupación por la reciente reestructuración del organismo dispuesta por el Gobierno Nacional mediante decreto del 7 de julio, en el marco de las facultades delegadas contempladas en la Ley Bases. Córdoba aseguró que esta medida representa “una intervención inconstitucional” que pone en riesgo la operatividad del INTA en todo el país y afecta particularmente a la provincia.

Según explicó, el decreto elimina el sistema de gobernanza histórico del instituto, que era mixto, con participación del sector público, privado, universidades y productores. A partir de ahora, todas las decisiones quedarán concentradas en una sola figura designada políticamente por el Ejecutivo Nacional. Además, se disuelve la estructura territorial del organismo, con la eliminación de agencias de extensión distribuidas estratégicamente en cada región.

“La territorialidad es clave en el INTA porque permite adaptarse a las realidades productivas y ambientales de cada región. No es lo mismo investigar para la Pampa Húmeda que para los Llanos riojanos. Centralizar todo en Buenos Aires es desconocer esa diversidad”, expresó Córdoba.

En la provincia de La Rioja, el INTA cuenta con cinco agencias de extensión que están distribuidas en puntos estratégicos del interior. “Desde Capital no podríamos atender a productores de San Martín o Chamical. Las distancias y la falta de recursos hacen inviable ese modelo centralizado”, advirtió.

La funcionaria también confirmó que desde hace dos meses no ingresan fondos para proyectos de investigación y desarrollo, y que sólo se están cubriendo gastos básicos. “Los proyectos que hoy están frenados no fueron definidos entre cuatro paredes, sino por los propios consejos locales con participación de productores, universidades y municipios. Hoy todo eso quedó desfinanciado”.

Respecto al personal, Córdoba alertó sobre la convocatoria a nuevos retiros voluntarios, lo que podría significar una fuga masiva de técnicos altamente especializados, formados por el propio Estado. “Desde que asumí en 2023 ya se redujo el 17% del personal. Si seguimos perdiendo gente capacitada, se desarman grupos técnicos que no vamos a poder recomponer”, sostuvo.

El panorama generó una fuerte reacción en el sector agroproductivo. Córdoba confirmó que el INTA cuenta con el apoyo de productores, gobiernos municipales y el Ejecutivo provincial, y que ya se presentaron siete proyectos legislativos para pedir la derogación del decreto. También adelantó que se prevé una movilización nacional en Buenos Aires cuando el Congreso trate el tema.

“El INTA siempre estuvo gobernado por los propios actores del sistema agroproductivo. Sacarles esa voz y someter todo a la decisión de una sola persona es un retroceso democrático. Esta medida no solo politiza al organismo, sino que amenaza su razón de ser”, concluyó.

La directora destacó el acompañamiento de diversos espacios políticos y agradeció el rol de los medios que ayudan a visibilizar la situación. La incertidumbre persiste, pero las acciones legales y parlamentarias avanzan en defensa de un organismo clave para el desarrollo rural argentino.