En el marco de la jornada de alegatos por el juicio del caso Emanuel Garay,  el titular del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Julián de la Colina, solicitó la pena de prisión perpetua para 4 de los 8 policías que están acusados por la muerte del joven, mientras realizaba la instrucción en la escuela de cadetes de la fuerza de seguridad.

Ante ello, Julián de la Colina, en dialogo con Aire Fm, precisó que la jornada de alegatos duró 15 horas, y en ella la Fiscalía  se valió del Código Penal para realizar el pedido de perpetua y prisión, ante lo cual la querella se manifestó conforme.

“Escuché en los medios que los representantes de la familia Garay están conformes con la actuación del Ministerio Publico Fiscal”, expresó.

En esta línea, recordó que desde la Ley 10185, sancionada en 2019, el Ministerio Publico Fiscal pasó a representar en el proceso penal a la víctima, y en esta ocasión la actuación del mismo data conformidad.

“Hemos encontrado los elementos de acusación necesarios, sobre todo las pruebas técnicas, científicas y médicas, donde hubo una gran coincidencia entre los profesionales de confeccionaron la autopsia, que no fue objetada por los peritos de parte”, explicó.

Asimismo, destacó que el resto de cadetes resultaron lesionados o con patologías a fines de la actividad física realizada, a altas temperaturas, sin control por parte de las autoridades de la Escuela de Cadetes.

Ante ello, detalló que pidió la pena de prisión perpetua para el entonces director de la Escuela de Cadetes, Jorge Alberto Leguiza; el subdirector, Ramón Alberto Leguiza; el supervisor, Dardo Nicolás Gordillo y el instructor Elio Gonzalo Marcial.

“Los chicos se encontraban obedeciendo a un instructor sin experiencia, mientras el supervisor estaba en el autódromo. Y cesan la actividad por una orden externa, porque el entonces secretario de seguridad, Angulo, se entera del hecho y pregunta ‘que pasa’, haciendo que Gordillo regrese a la escuela y ordene que se detenga la actividad, cuando ya el hecho de Garay estaba consumado, al igual que otros cadetes lesionados”, comentó.

Además, destacó que más de 10 testigos relataron haber escuchado a las autoridades decir que al medio día “debía quedar la mitad de los aspirantes”, y para ello usaron un medio eficaz, pero que “lamentablemente llegó a la muerte”, dijo.

“Hubo chicos que tomaron agua del inodoro, agua con sapos, agua verde. Los hacían recostar en el pavimento caliente y les tiraban gotitas de agua. Es violencia institucional, los hacían llegar a la baja explotándolos con violencia física y psíquica y mental, dentro de una Institución de Formación”, denunció.

Por otro lado, para Adriana Mabel Rodríguez y Nadia Soledad Bravo, instructoras, solicitó siete años de prisión de cumplimiento efectivo, más el doble de dicha condena, es decir catorce años de inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas.

Por último, requirió para Marcos Antonio Miranday  e Ivana Karina Luna, la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación de tres años para ejercer cargos y funciones públicas.

Ante esto, especificó que se considera culpable tanto a quien da la orden como a quien acatan la tortura, entendiendo que al ejecutarla se es consciente que el hecho constituye un delito, por lo que “la responsabilidad es ineludible”, enfatizó.

Finalmente, manifestó que el Tribunal les notificará vía electrónica la fecha en que se desarrollará la lectura de la sentencia, lo cual se estima sucederá en un plazo de 2 semanas aproximadamente.