Puntos clave:

• La visita de la Defensoría Nacional tuvo como objetivo articular acciones frente a una normativa que criminaliza a las juventudes.
• El organismo advirtió que la medida impulsada por Nación carece de presupuesto y exige un acompañamiento estatal permanente.
• El Gobierno provincial contrastó la ley federal con su modelo local de protección y contención deportiva y cultural.

Representantes de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación arribaron este martes a La Rioja para evaluar el impacto de la nueva Ley Penal Juvenil. Durante una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador Ricardo Quintela, las autoridades nacionales y provinciales coincidieron en que la normativa impulsada por la administración central carece de financiamiento y presenta un enfoque netamente punitivo.

Del encuentro de trabajo participaron Gloria Bonatto e Ivana Carmona en representación del organismo nacional, acompañadas por la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali y el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem y el ministro de Educación, Ariel Martínez. El cónclave sirvió para contrastar el modelo riojano de abordaje integral con las directivas federales en materia de minoridad.

"Estoy agradecido de que estén presentes aquí para poder debatir e instruirnos sobre esta situación atípica en la República Argentina, a partir de una decisión que tomó el Poder Ejecutivo, con acompañamiento del Poder Legislativo, donde se criminaliza a nuestros adolescentes", expresó el mandatario provincial respecto al sentido de la visita.

En esa línea, el titular del Ejecutivo destacó el trabajo institucional sostenido a nivel local para generar espacios de participación frente a escenarios de vulnerabilidad. "Acá hacemos todo lo posible para que los chicos estén contenidos en las diversas actividades que se desarrollan en nuestra provincia, en lo deportivo, en lo cultural, en el área juvenil", sostuvo.

Asimismo, remarcó el rol activo que deben asumir las fuerzas de seguridad ante las problemáticas que involucran a menores. "La Policía tiene que saber que los chicos se pueden equivocar, tiene que cuidarlos y protegerlos, y la comunidad nos tiene que ayudar", afirmó.

Críticas al modelo punitivo y falta de fondos

Por su parte, el ministro Menem cuestionó las condiciones en las que se impulsó la legislación. "Estamos transitando una nueva Ley Penal Juvenil que fue inconsulta, autoritaria, sin presupuesto y que criminaliza a nuestras juventudes", manifestó el funcionario local.

Desde la comitiva nacional, Bonatto advirtió que la problemática no se soluciona incrementando las penas y subrayó la necesidad de una intervención articulada. "La intervención tiene que ser respetuosa y tener el foco en el chico y no en la punibilidad", explicó la representante de la Defensoría, aclarando que el Estado debe acompañar desde la aprehensión hasta una eventual condena.

Finalmente, desde el organismo autónomo alertaron que la administración central no previó fondos ni recursos materiales para implementar la ley, delegando únicamente la designación de supervisores federales. No obstante, las autoridades visitantes valoraron que la baja conflictividad social riojana representa una oportunidad territorial clave para perfeccionar su propio sistema de protección integral.