El doctor Federico Montivero, a cargo del  área de Fiscalización, en dialogo con Aire Fm ratificó que se encuentra prohibida la comercialización de todo tipo de test rápido para COVID-19 y HIV.

En este sentido, explicó que los test tienen que ser supervisados por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, con participación activa del Comité Operativo de Emergencia, para determinar su procedencia,  su confiabilidad y la garantía de los mismos sumado al proceso de lo que significa su resultado.

“Está prohibido y es una aberración que se estén vendiendo productos médicos mediante redes sociales. No hay ningún tipo de criterio”, denunció.

Agregando que el Ministerio de Salud Pública es el único ente encargado de regular los test y quienes deben aplicarlo es el personal de bioquímica, ya que pueden dar resultados fehacientes firmados como corresponde.

Montivero aclaró también que el Ministerio de Salud de La Rioja se encuentra brindando asistencia mediante la técnica PCR al igual que otros laboratorios de bioquímicos que han sido autorizados previamente con todo lo que ello significa.

“Imaginemos que a una persona le da negativo el test rápido y en realidad si tiene COVID-19, pero cree que no y sale y sigue contagiando, es una aberración”, insistió.

Asimismo enfatizó que estas ventas no son registradas por lo que no existe una variable que puedan controlar, dado que se dan ilegalmente vía Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales. Y agregó que los resultados obtenidos de estos estudios clandestinos no son registrados en las bases de datos ni Nacionales ni Provinciales.

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Aseveró así que todos los organismos y entes involucrados prohíben su comercialización dada la inexistente trazabilidad desde la producción hasta la obtención del resultado, lo cual no hace veraz el mismo.

“No es que no queremos que se sepa, es que no queremos que se obtengan datos falsos y se siga infectando a las personas con resultados no verídicos”, sostuvo.

En este marco manifestó que mantendrá una reunión para trazar los lineamientos a seguir dado que al existir un vacío legal no tienen el conocimiento de quienes son los proveedores ilegales para realizar la correspondiente denuncia y toma de medidas, insistiendo en que se desconoce también el estado de los test que se comercializan, su providencia y fechas de caducidad, entre otros factores alterantes de los resultados.

Para cerrar, dijo que apela a la consciencia social para evitar este tipo de negligencia.