Puntos Clave:

• Emergencia por 180 días: Rige para todas las operaciones de crédito para consumo realizadas en la provincia.
• Freno a prácticas abusivas: Se fijan mayores exigencias de información, controles estrictos e instancias de conciliación y refinanciación.
• Sin desconocer obligaciones: La normativa busca garantizar condiciones justas sin afectar la actividad financiera formal ni condonar deudas.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1293/2026, mediante el cual se crea un régimen provincial de protección integral para usuarios de créditos de consumo. La medida apunta de forma directa a frenar los abusos financieros y contener el creciente sobreendeudamiento que golpea a los hogares riojanos al momento de financiar gastos esenciales.

La iniciativa surge como respuesta a la problemática de miles de personas que recurren al endeudamiento para solventar alimentos, medicamentos y servicios básicos. Frente a este escenario, el instrumento legal dota al Estado provincial de herramientas directas de fiscalización, transparencia y asistencia jurídica para los tomadores de préstamos.

Alcance del régimen y emergencia crediticia

A través de esta normativa, el Poder Ejecutivo declaró por 180 días la emergencia económica, crediticia y social en el ámbito de las operaciones de consumo. Esta figura habilita mecanismos transitorios para facilitar la revisión contractual y la renegociación de pasivos en casos donde las cuotas resulten insostenibles frente a los ingresos del grupo familiar.

Asimismo, el nuevo régimen refuerza los controles sobre las entidades crediticias no bancarias y prestamistas, exigiendo mayores estándares de información clara, la obligatoriedad de inscripción en registros provinciales y auditorías sobre los esquemas de tasas aplicadas.

Desde la administración provincial fundamentaron los motivos centrales de la medida: 

“Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas”.

En la misma línea, el Ejecutivo remarcó el rol activo del sector público en el resguardo de la economía doméstica: 

“El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas”.

Garantías y reglas claras para el sector financiero

Las autoridades aclararon que la normativa no busca la condonación compulsiva de obligaciones ni pretende obstaculizar el normal desenvolvimiento del mercado crediticio legal. La meta reside en erradicar esquemas desmedidos y transparentar las operaciones comerciales en resguardo del consumidor.

Con la entrada en vigencia del decreto, se pondrán en marcha mesas de conciliación obligatoria para evitar ejecuciones abusivas y acordar planes de pago accesibles, consolidando una política de defensa del poder adquisitivo y del consumo digno en todo el territorio provincial.