La Justicia de Instrucción imputó a tres policías y a un militar, por el homicidio simple de Alejandro Bravo, el tatuador que falleció el pasado 22 de enero en un confuso hecho, luego de ser detenido en el Bº Nueva Esperanza.

En este marco, los abogados querellantes en el caso del "homicidio simple" del tatuador, los doctores Pavón y Gómez, solicitaron "la inmediata detención" de los cuatro imputados en la causa, los policías Nicolás Ochoa, Matías Contreras y José Oviedo, y el militar Oscar Ríos, por existir "gran riesgo procesal".

En conferencia de prensa y dialogo directo con Aire Fm manifestaron que desde la Justicia se les informó que la caratula, que en un principio estaba como “averiguación de muerte”, pasó a “homicidio simple” y se imputó a cuatro personas por el hecho, los dos vecinos que persiguieron y redujeron a Bravo en el barrio Nueva Esperanza (Ochoa y Ríos) y a los dos efectivos policiales que acudieron al lugar y demoraron al tatuador para trasladarlo a la Alcaidía capitalina.

Sin embargo, remarcó el doctor Pavón, que la Justicia “aún no emitió una orden de detención” de los imputados. Ante esto, le enviaron una petición al doctor Gustavo Farías, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 a cargo de la causa.

Asimismo, consultado sobre cómo avanza la investigación, el abogado indicó que todavía no se receptó la declaración de ninguno de los involucrados en el hecho, como así tampoco de los peritos.

“Hay varios videos que tenemos que analizar bien y estamos a la espera de que nos envíen el expediente en su totalidad. Ni nosotros como querellantes, ni el doctor Benítez como defensor, hemos tenido acceso al expediente completo”, precisó.

Pavón, en tanto, agregó que “se han barajado miles de hipótesis, en un principio se justificó que se lo redujo porque había intentado robar en domicilios. Eso quedó totalmente descartado, porque la fiscal en Feria de entrada entendió que no se estaba cometiendo ningún hecho delictivo. Pero nos llama la atención el saber cuál fue el motivo que llevó a estas personas involucradas, que estamos convencidos de que son más, a trasladarlo a la Alcaidía, adonde no llegó a ingresar”.

En esta línea sostuvo que no descartan la posibilidad de que haya conflictos personales previos entre los imputados y la víctima, indicando que el único altercado sucedió hace unos meses, cuando se le incautaron dientes de megalodón a Bravo, quien presentó la documentación pertinente probando su legitimidad, lo cual “no fue entendido por algunos funcionarios que donde lo veían lo molestaban, lo intimidaban, lo perseguían con el móvil”, según sus palabras, “porque hay prácticas que no están desterradas” y “algunos oficiales no entendían como un chico de rastas que tatua tenía algo de tanto valor”. Y añadió “Alejandro era una buena persona, trabajadora, sin antecedentes y que no tenía por qué detenerse ante dos civiles que lo perseguían con un arma sin presentarse siquiera como policías”.

Finalmente, reiteró que “los imputados no pueden estar en libertad mientras la prueba se está produciendo, porque existe un riesgo procesal altísimo” y adelantó que “una vez leído todo el expediente” brindarán una conferencia de prensa.

“Confiamos en la Justicia y en esta Magistrado, sabemos que están trabajando. Pero como representantes queremos saber cómo y en qué trabajan, qué se hizo y qué se está haciendo por la víctima porque sabemos que Alejandro perdió la vida por un golpe, a ese golpe se lo dio alguien y ese alguien está imputado”, concluyeron.

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