La Rioja, al igual que los más de 7000 millones de habitantes de este plantea, vivimos una crisis sanitaria sin precedente. Algunos comparan esta situación con la Segunda Guerra Mundial, y tal vez no sea tan descabellada la comparación, ya que la preocupación principal es la salud, la vida del ser humano y el regreso a la actividad económica.

En este último postulado, gobiernos de todo el mundo se preguntan qué hacer para retomar una estabilidad económica y financiera, que permita hacer que la rueda vuelva a funcionar. En este sentido, en el mundo e inclusive en La Rioja, se bosquejan dos posturas, la gente dentro o fuera del esquema económico.

En particular, el lunes por la noche Ricardo Quintela, Gobernador de la provincia de La Rioja, levantó polvareda mediática al dar a conocer que, había tenido una videoconferencia con dirigentes del PJ nacional, y en la misma, diálogo con Amado Boudou sobre una posible compra de deuda de los empleados públicos riojanos.

Tras la difusión de un medio local, replicada por medios nacionales, se aseguraba que Amado Boudou era asesor del Gobierno Provincial, destacando que el ex presidente, fue condenado por el Tribunal Oral Federal a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si bien la Secretaria de Comunicación y Planificación Pública desmintió categóricamente que el ex vicepresidente fuera a trabajar como asesor del Gobierno provincial, Quintela expresó en sus redes que mantiene una buena relación con el ex funcionario.

Pero más allá de la negativa connotación que algunos medios plantearon, surge la pregunta, una vez pasado el estrepito mediático sobre, ¿quién se beneficia o perjudica con la iniciativa de la compra de deuda de los trabajadores públicos riojanos?

Desde hace años, los gobernadores de esta provincia han intentado controlar los códigos de descuento y los excesivos abusos por parte de las financieras y las casas de electrodomésticos, ya que el empleado riojano mantiene comprometido su salario en “financieras encubiertas como Garbarino, Musimundo, Cetrocard, Tarjeta Naranja y otras” (citando las palabras del propio Gobernador Quintela).

La iniciativa es pagar esas deudas con el Banco Rioja que, como banco promotor, fue puesto a disposición del desarrollo y el crecimiento de la provincia, y ahora también, sería promotor del desendeudamiento del sector público.

Según aseguró Quintela esto es posible, sin que el Banco pierda plata, o se desfinancie; según fuentes gubernamentales el Banco Rioja “goza de muy buena salud financiera”, por lo que esta iniciativa podría prosperar bajo una metodología de que el Estado provincial, ofrezca comparar a las empresas financieras volúmenes de deuda a menor costo, esto permitiría que el empleado público pase de pagar, según el caso, de un 50% de interés anual a un 10% anual.

Según piensa el Gobierno de La Rioja, un hecho de gestión poco común en el país, podría llevar a que otras provincias imiten la iniciativa. Por ende, se podría inferir que los denominados, dueños de la patria financiera, no verán con buenos ojos que esta iniciativa se concrete y mucho menos que se replique a nivel nacional.

Pero la pregunta aún subyace, los destinatarios de este proyecto les interesa más la connotación de la noticia en sí y lo que los medios podamos decir o argumentar o que el Estado, adquiera la deuda de los empleados públicos con el fin de una mejor salud financiera.