Puntos Clave:

• Alerta y rescate: La intervención se inició tras recibir una denuncia en la Línea 145, lo que permitió auxiliar a cuatro trabajadores que realizaban tareas de alambrado.
• Habitabilidad precaria: En el campo fiscalizado se constataron severas deficiencias de vivienda, labrándose actas por infracciones al Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727).
• Retorno asistido: El empleador fue obligado a regularizar los haberes correspondientes y a costear los pasajes de regreso de los operarios a Santiago del Estero.

La Secretaría de Trabajo provincial lideró un operativo interinstitucional de emergencia para resguardar a cuatro trabajadores rurales que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad en un establecimiento ubicado a unos 25 kilómetros por la Ruta Provincial N° 5. La intervención se desplegó tras confirmarse "graves deficiencias en las condiciones de alojamiento de trabajadores rurales" dentro del predio.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que alertó sobre la situación en la que se encontraban los operarios. Ante la alerta, se coordinó una inspección inmediata en el establecimiento donde los damnificados realizaban tareas de alambrado.

En la fiscalización participaron de manera conjunta las Direcciones de Policía de Trabajo y de Seguridad e Higiene de la Secretaría provincial, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) —representada por el delegado regional Omar Muga y el secretario general Omar Cedrón—, delegados del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y personal de Gendarmería Nacional.

Al ingresar al predio, los agentes constataron las severas irregularidades habitacionales. Como consecuencia, las autoridades labraron actas administrativas contra el empleador por "presuntas infracciones a las normas vigentes del Régimen de Trabajo Agrario" y a las disposiciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en materia de higiene y vivienda rural.

Asistencia integral y traslado de las víctimas

Frente al riesgo detectado para la salud y seguridad de los operarios, las autoridades dispusieron su retiro preventivo inmediato del establecimiento rural. Los cuatro operarios fueron trasladados de urgencia a un predio de Gendarmería Nacional, donde se les brindó la asistencia médica y social correspondiente bajo estrictas medidas de resguardo.

En las dependencias de la fuerza de seguridad, los inspectores notificaron formalmente al empleador sobre las actas labradas y las severas obligaciones legales derivadas de la situación. El propietario debió efectivizar en el acto el pago de los haberes adeudados a los trabajadores y asumir la totalidad de los costos de los pasajes de transporte terrestre.

Esta medida garantizó que los damnificados pudieran retornar de manera segura a su localidad de origen en Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero. El regreso se encuadró dentro del marco de las normativas nacionales destinadas a "garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo, la registración laboral y la protección de los trabajadores rurales", conforme a las leyes N° 25.191, N° 26.364 y N° 26.727.

Articulación estatal contra la vulneración de derechos

Desde la Secretaría de Trabajo ponderaron la relevancia de la labor conjunta con sindicatos y fuerzas de seguridad en el sector rural. Las autoridades destacaron "la importancia de la articulación entre organismos estatales, organizaciones sindicales y fuerzas de seguridad para prevenir situaciones de vulneración de derechos laborales", especialmente en actividades desarrolladas en establecimientos rurales.

Con el cierre del operativo, la cartera de Trabajo ratificó que intensificará los controles en toda la región para evitar la repetición de estos abusos. En un comunicado oficial, el organismo provincial remarcó que "continuará trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y condiciones dignas de trabajo y habitabilidad para las y los trabajadores rurales".

Con este procedimiento, las instituciones provinciales y los representantes gremiales reafirman su compromiso de mantener una fiscalización constante en los campos de la región, garantizando que el trabajo agrario se desarrolle de manera justa, segura y bajo el amparo de la ley.