La policía asesinada, también víctima de un discurso de DDHH que atrasa 50 años
Maribel Zalazar tenía 35 años, dos hijos, era oficial de la Policía de la Ciudad. A las 11 de la mañana del martes pasado estaba muy atenta a lo que sucedía en la estación Retiro de la línea...
Maribel Zalazar tenía 35 años, dos hijos, era oficial de la Policía de la Ciudad. A las 11 de la mañana del martes pasado estaba muy atenta a lo que sucedía en la estación Retiro de la línea C de subte cuando decidió socorrer a un pasajero que manifestaba un dolor de piernas. Se trataba de Oscar Valdez. La mujer policía le ofreció un vaso de agua pero el pasajero, un ciudadano paraguayo con antecedentes penales, se negó a ser atendido e inesperadamente forcejeó con ella, le quitó el arma reglamentaria y comenzó a disparar. Dos balazos impactaron en Maribel, que murió horas después en el Hospital Churruca. Un empleado del subte también resultó herido.
Esta es una crónica más de tantos hechos que le cuestan la vida a agentes de policía que, cumpliendo con su deber de cuidarnos y ante la imposibilidad de contar con herramientas útiles para controlar una determinada situación de violencia, terminan siendo vulnerables, al punto de convertirse en el eslabón más débil de una cadena de seguridad que debería funcionar de manera contraria, es decir, fortaleciendo a quienes nos cuidan y no a quienes nos ponen en peligro.
Esta historia, la de Maribel, pudo tener otro final si la agente de policía hubiese contado, por ejemplo, con una pistola Taser, o si este gobierno no hubiese derogado el decreto que impedía el ingreso al país de ciudadanos con antecedentes penales o expulsaba a extranjeros que delinquen, si no hubiese liberado más de 4000 presos durante la pandemia, si combatieran el delito en el marco de la ley y no forzando las acciones sólo para simpatizar con un sector mal llamado progresista. Quizás si alguna de estas decisiones se hubiesen tomado, Maribel anoche hubiese cenado con sus dos hijos de 5 y 13 años, que ya no la van a ver más en el resto de sus vidas.
Manifestar esto, que no es más que usar el sentido común, es exponerse al griterío y las acusaciones de parte de quienes se sienten los dueños de los derechos humanos en la Argentina, que inmediatamente salen a denostar el uso de las pistolas Taser, una herramienta eficiente que es utilizada por muchas policías del mundo para controlar situaciones violentas sin que le cueste la vida a nadie, ni al agresor ni al miembro de la fuerza de seguridad que la manipula.
El discurso contra las Taser –cuyas descargas eléctricas neutralizan al delincuente- está sustentado, simbólicamente y según esa mirada anacrónica, en que representan las “picanas” que las policías y los militares utilizaron para torturar clandestinamente en nuestro país en las etapas más oscuras de nuestra historia. Claro, nunca recuerdan que la Triple A, apañada por un gobierno peronista en la década de los 70 también utilizaba picanas para torturar a militantes de izquierda u opositores en democracia que desafiaban el poder de Perón, de Isabel Perón o de algunos burócratas sindicales. Existen muchas historias con torturas sucedidas en los sótanos de los sindicatos e incluso del Ministerio de Bienestar Social cuando estaba allí José López Rega. La memoria selectiva de algunos dirigentes de DDHH les juega siempre esa mala pasada.
La Taser no solucionarían todo el problema de la inseguridad y de la falta de herramientas efectivas para las fuerzas de seguridad, pero son, de alguna manera, el tema de debate que les permite sostener una posición cada vez más injustificada a aquellos que se llenan la boca de “garantismo” pero miraron para otro lado, con silencio cómplice y hasta justificando cierto accionar, en el primer año de pandemia, cuando con el afán de controlar la restricción de transitar libremente se violaron reiteradas veces los DDHH y civiles en distintas provincias del país, con muertes, torturas, acoso y hostigamiento policial. Existen unas 200 denuncias que están tardando mucho en ser investigadas. Nunca se violaron tanto los DDHH en democracia como durante esa etapa de nuestras vidas, con el acompañamiento del gobierno de Alberto Fernández, que jamás hizo nada por esclarecer alguna de las muertes como la de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza, Blas Correas, Magali Morales, Franco Isorni o Mauro Coronel, entre un grupo que según algunos informes realizados en la Cámara de Diputados alcanzan las 23 muertes violentas. Los organismos de DDHH, muy encolumnados en el kirchnerismo, tampoco hicieron o manifestaron nada para pedir su esclarecimiento, solo basta comparar las campañas, sostenidas en el tiempo a pesar de la evidencia de la prueba, realizadas por Santiago Maldonado. Parece que para estos organismos hay muertes que vale la pena investigar y otras que no. Es que no importa la víctima, sino quien puede ser políticamente responsable de la misma.
La agenda de derechos humanos en la Argentina atrasa 50 años, seguimos equiparando todo con lo sucedido durante la dictadura, cuyos responsables fueron juzgados y pagaron con cárcel por sus delitos de lesa humanidad, pero no podemos avanzar en un debate que garantice los derechos humanos de todos ahora, incluso de los miembros de las fuerzas de seguridad y de aquellos que delinquen. El mundo avanza con tecnología y normas para controlar el avance del crimen que permiten garantizar derechos pero también se imparten obligaciones para la sociedad.
Maribel Zalazar no había nacido cuando el país sufría la dictadura, sus jóvenes 35 años indican que nació en democracia, pero de alguna manera terminó siendo víctima de un discurso que en términos de derechos humanos vive anclado en los años 70, como si la discusión sobre los derechos humanos y la garantía de sostenerlos se redujera a lo sucedido en esos años trágicos.
De algunas organizaciones de derechos humanos, convertidos en muchos casos en agencia de colocación de empleo estatal y de puntales de campañas electorales, no se puede esperar un cambio, ya es tarde. Pero sí de la justicia y de quienes tienen la responsabilidad de legislar y trabajar para que esos derechos nos alcancen a todos ahora. Las atrocidades del pasado no hay que olvidarlas, pero de nada sirve esta memoria permanente si no somos capaces de sobrevivir libremente nuestro presente.
