La jueza vocal del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra, confirmó que el próximo 20 de mayo asumirá como presidenta del Consejo de la Magistratura, en una nueva etapa institucional que buscará fortalecer la selección de magistrados y agilizar el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.

En diálogo con Aire FM, la magistrada explicó que se trata de un cargo ad honorem y destacó la integración ampliada del organismo, que incluye representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, funciones Ejecutiva y Legislativa, y por primera vez a universidades con voz y voto. Además, subrayó la creación de una escuela judicial destinada tanto a magistrados en ejercicio como a aspirantes, con el objetivo de mejorar la formación y la idoneidad en los concursos.

Becerra indicó que uno de los ejes de su futura gestión será “acercar la justicia a la gente”, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar procesos más eficientes, en línea con el trabajo previo desarrollado por el Dr. Claudio Saúl.

Protocolos escolares y respuesta ante amenazas

Por otro lado, la jueza se refirió a la reciente reunión interinstitucional en la que participaron áreas de seguridad, educación, salud mental y justicia para actualizar los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo en establecimientos educativos.

En ese sentido, explicó que el nuevo esquema busca prevenir hechos de violencia escolar y actuar con rapidez ante amenazas, mensajes intimidatorios o situaciones que generen alarma. El protocolo establece pasos concretos: desde la intervención de directivos hasta la inmediata comunicación con fuerzas de seguridad y áreas especializadas, que evaluarán la gravedad del caso.

“La prioridad es garantizar escuelas seguras para estudiantes, docentes y personal educativo”, sostuvo Becerra, quien remarcó que cada situación será analizada en su contexto, diferenciando entre hechos leves, moderados o graves.

Enfoque integral y responsabilidad social

La magistrada enfatizó que el abordaje no se limita a sanciones, sino que contempla un enfoque integral con acompañamiento psicológico, pedagógico y social. En ese marco, señaló que se buscará comprender las causas de cada hecho y promover la toma de conciencia en niños, niñas y adolescentes.

También advirtió que, en casos de mayor gravedad, pueden existir consecuencias legales, incluso para los adultos responsables, dependiendo de la situación particular.

Finalmente, Becerra confirmó que en la provincia ya se registraron intervenciones judiciales, incluyendo allanamientos e incautación de dispositivos electrónicos para determinar responsabilidades y posibles conexiones entre casos.

“La respuesta será siempre seria, rápida y coordinada. No se va a minimizar ningún hecho”, concluyó.