La comunidad de Guandacol atraviesa momentos de incertidumbre tras la decisión de la jueza María Greta Deccer de suspender por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña y prohibir el paso de maquinarias por la zona. La medida, que se conoció en las últimas horas, ya comenzó a generar un fuerte impacto económico en la región.

En diálogo con Aire FM, Elvira Zárate, comerciante y dueña de un hostal local, explicó que la comunidad se organizó en asamblea para manifestar su preocupación y exigir respuestas. “Nos reunimos vecinos, prestadores y comerciantes para elaborar un pedido al Gobierno provincial para que levante el corte”, señaló.

Según indicó, la paralización provocó la retirada inmediata de la empresa minera, lo que afectó directamente al circuito económico local. “Toda la actividad hotelera estaba ocupada por ellos, y el comercio dependía del consumo que generaban. Hoy ese flujo se cortó completamente”, afirmó.

Zárate remarcó que Guandacol tiene una fuerte identidad vinculada a la actividad minera y que gran parte de su economía gira en torno a este tipo de proyectos. “No tenemos otras fuentes productivas importantes ni turismo desarrollado. Esto afecta a toda la comunidad”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de comunicación previa sobre la medida judicial. “La empresa se encontró con el paso cortado, sin aviso. Eso genera incertidumbre y pone en riesgo futuras inversiones”, expresó.

La situación también impacta en el empleo. De acuerdo a lo señalado por la entrevistada, alrededor de 400 trabajadores que se ven directamente afectados, además de prestadores de servicios, productores rurales y pequeños comercios que abastecían a la empresa.

En ese contexto, los vecinos advierten sobre un escenario de inseguridad jurídica que podría desalentar nuevas inversiones en la zona. “Nadie va a querer venir si después no hay garantías para trabajar”, indicó Zárate.

Finalmente, adelantó que este jueves se realizará una nueva reunión comunitaria donde se formalizarán los reclamos por vía legal. “Estamos dispuestos al diálogo, pero necesitamos respuestas. Esto afecta a muchas familias”, concluyó.