Puntos clave:

• El Estado provincial presentará en febrero su respuesta judicial para sostener el decreto que bloqueó los aumentos.
• La Nación busca imponer un incremento tarifario del 374 por ciento, lo que llevaría las boletas cerca del millón de pesos.
• El Ministerio de Agua y Energía evalúa aplicar una nueva prórroga del congelamiento para proteger el bolsillo de los usuarios.

Tras la demanda interpuesta por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno de La Rioja comenzó a diagramar su estrategia judicial. El objetivo será defender la constitucionalidad del Decreto 370/2024, la medida local que suspendió la aplicación de los tarifazos nacionales para los usuarios residenciales y comerciales de la distribuidora Edelar.

"La finalidad última de Cammesa es exigir que el traslado de los costos se operativice directamente en los usuarios y que no esté mediado por un Estado", explicó Pedro Goyochea, asesor general de Gobierno, en diálogo con Aire FM.

El funcionario detalló que la medida impulsada originalmente por la Secretaría de Energía de la Nación estipula un incremento del 374 por ciento en el costo del servicio eléctrico. Según advirtió, aplicar este esquema resultaría financieramente insostenible para la economía de los hogares riojanos, ya que el Estado provincial asume actualmente parte de esa carga para evitar el impacto directo.

"Esto llevaría a pensar que, desde una visión comparativa con otras provincias, las boletas de luz estarían en un promedio de 600.000 a 900.000 pesos mensuales", remarcó el representante legal.

Estrategia judicial y futuro del cuadro tarifario

En el plano judicial, la Corte Suprema ya notificó a La Rioja, que cuenta con un plazo legal de 60 días para contestar la demanda. La Fiscalía de Estado, a cargo de Pedro Rodríguez, presentará la defensa técnica y los fundamentos constitucionales durante la segunda quincena de febrero de 2027.

"Vamos a ofrecer los argumentos técnicos para sostener la medida, que en definitiva constituyen atribuciones autónomas en la forma en la cual se constituye la concesión del servicio a nivel local", anticipó Goyochea respecto de la postura que llevarán a los tribunales.

Mientras se prepara el terreno legal, el vencimiento del congelamiento tarifario registrado el pasado 31 de octubre abrió un nuevo escenario. El Ministerio de Agua y Energía y la empresa estatal Edelar analizan actualmente los pasos a seguir, evaluando una posible prórroga técnica para sostener el freno a los aumentos.

"Los equipos técnicos están procediendo a la evaluación y monitoreo para que el gobernador adopte la decisión final sobre la procedencia de la prórroga", detalló el asesor gubernamental.

Además de la cuestión de fondo, Cammesa solicitó una medida cautelar —un recurso legal precautorio para forzar el cobro inmediato de las nuevas tarifas antes de que termine el juicio— sobre la cual la máxima instancia judicial del país aún no se pronunció. Esta próxima resolución de la Corte será el paso crítico que definirá a corto plazo el valor real de las boletas eléctricas en la provincia, mientras se debate la legalidad de la suspensión.