La presidenta del Colegio de Profesionales de Psicopedagogos de La Rioja, Sonia Galleguillo, se refirió en diálogo con Aire FM a la polémica generada tras conocerse que una persona condenada por abuso sexual infantil finalizó sus estudios vinculados a la psicopedagogía en contexto de encierro.

La situación tomó estado público luego de la difusión de imágenes en redes sociales, lo que provocó un fuerte impacto y repudio en distintos sectores de la comunidad.

Galleguillo explicó que las personas privadas de la libertad pueden realizar trayectos educativos, pero aclaró que obtener un título no implica automáticamente poder ejercer la profesión.

“En primera instancia no podría ejercer con el título de licenciado en Psicopedagogía. El Colegio tiene una normativa recientemente sancionada que incorpora como requisito para la matriculación el certificado de antecedentes penales”, señaló.

Requisitos para obtener la matrícula

La titular del Colegio indicó que la ley que regula la actividad profesional fue sancionada el 18 de septiembre del año pasado y contempla distintas instancias administrativas, éticas, morales y jurídicas para analizar situaciones complejas.

Entre los requisitos para solicitar la matrícula se encuentra la presentación del certificado de antecedentes penales, documento en el que quedaría registrada la causa por la cual la persona fue detenida o condenada.

Además, Galleguillo explicó que el Colegio cuenta con un tribunal interno, la intervención de la comisión directiva y, en casos excepcionales, la posibilidad de convocar a una asamblea extraordinaria de matriculados.

“Tenemos varios mecanismos a disposición que nos permitirían denegar una matrícula”, afirmó.

“Prima el interés superior del niño”

La presidenta del Colegio remarcó que, ante este tipo de casos, la prioridad debe estar puesta en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Sostuvo que, además de la normativa institucional, existen leyes nacionales, el Código Penal, normas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y tratados internacionales que conforman un marco jurídico para impedir el ejercicio profesional en ámbitos vinculados a la educación, la salud y el acompañamiento de personas.

“Seguramente prima el interés superior del niño y en eso somos inflexibles”, expresó.

Una alerta para todos los colegios profesionales

Galleguillo consideró que este caso debe servir como una alerta para todos los colegios y consejos profesionales, especialmente aquellos vinculados al trabajo con infancias, adolescencias y personas en situación de vulnerabilidad.

“Esto seguramente nos va a poner a trabajar a todos en las normativas, para ajustarlas”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el debate no solo alcanza a la psicopedagogía, sino también a otras profesiones relacionadas con la salud humana, la educación y el acompañamiento directo de personas.

No hubo contacto con la Universidad ni con el Servicio Penitenciario

Consultada sobre si el Colegio recibió alguna comunicación formal por parte de la Universidad, del Servicio Penitenciario o de la persona involucrada, Galleguillo fue clara: “No hemos recibido demanda de ningún tipo. Ni de la Universidad, ni del Servicio Penitenciario, ni del supuesto agresor”.

También aclaró que, según la información con la que cuenta, la persona habría finalizado el trabajo final, pero aún restaría la instancia de entrega formal del título.

Recién con el diploma y el resto de la documentación administrativa podría iniciar eventualmente el trámite de solicitud de matrícula.

El caso generó unidad interna en el Colegio

Galleguillo sostuvo que la noticia produjo un fuerte impacto dentro del Colegio, pero también generó una posición unificada entre sus integrantes.

“Fue un cimbronazo que nos unificó y nos cohesionó. Hubo debate interno, pero nuestra postura es firme”, manifestó.

Finalmente, explicó que si la persona intentara matricularse en otra provincia, también encontraría obstáculos, ya que los colegios profesionales están nucleados en la Federación Argentina de Psicopedagogos y el certificado de antecedentes penales depende de una base nacional del Registro de Reincidencia.

Desde el Colegio insistieron en que actuarán con firmeza ante cualquier intento de matriculación, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes y el resguardo ético del ejercicio profesional.